Páginas vistas en total

viernes, 23 de noviembre de 2012

¡¡¡BOGOTÁ SE RESPETA!!! HA DICHO EL ALCALDE GUSTAVO PETRO

Tras la inesperada visita a las dependencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá (EAAB), que este miércoles efectuaron funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, defendió vehementemente su modelo de aseo y arremetió contra el Gobierno y le pidió al Presidente Juan Manuel Santos que respete la autonomía territorial de la ciudad.
 
Hace unos días, el Alcalde Gustavo Petro, anunció que a partir del 18 diciembre, la EAAB se encargará de recoger la basura y ofrecerá tarifas más bajas a los ciudadanos. Es una medida coherente con su visión de que el Estado preste los servicios públicos directamente.
 
Esto desató la ira de algunos funcionarios del Gobierno Nacional empecinados en sostener el modelo actual de recolección de basuras a los operadores del servicio privado: Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa.
 
El negocio de la recolección de las basuras en Bogotá se valoriza en 26 mil millones de pesos mensuales, generando rentabilidades promedio al mes del 23,43% a los operadores privados y excedentes del 18,4 %, lo que evidencia un sobreprecio en la tarifa actual. Es un jugoso negocio para los operadores privados, pero malo para los usuarios y por esta razón se puede estar realizando trabas para que la EAAB no pueda prestar el servicio.
 
8000 toneladas de basura es la cantidad que aproximadamente 7 millones de bogotanos producen a diario. Sin embargo sólo aproximadamente 6800 toneladas llegan al relleno sanitario Doña Juana ya que el resto es recuperado por los recicladores.
 
El actual modelo de recolección de basuras es excluyente con los recicladores de la ciudad y los operadores privados recaudan diariamente 26 mil millones de pesos, de los cuales la población recicladora no recibe nada.
 
La Corte Constitucional estableció en el 2003 y lo reiteró en 2011, que los únicos que pueden recoger el material reciclable son los recicladores, que evitan que unas 2 mil toneladas de desechos reciclables lleguen al relleno sanitario cada día, sin que se les pague por este servicio y que por esta actividad tienen que ser remunerados.
 
El último contrato de concesión con os operadores privados: Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa se firmó en 2002 y venció en el 2010. La ciudad tenía la obligación de abrir una nueva licitación, en diciembre de 2011 la Corte Constitucional tumbó la presentada por Samuel Moreno porque tenía muchas irregularidades y no incluía realmente a los recicladores, como lo había ordenado esta corporación.
 
La Corte Constitucional en su sentencia T-275 del año pasado artículo 7, permite que el Alcalde Mayor de Bogotá escoja el esquema que sea pertinente en aseo para incluir a la población recicladora en condiciones de igualdad material.
 
De acuerdo al artículo 7 de la sentencia de la Corte, la administración distrital escogió un modelo de aseo que va en tradición a lo que se ha venido dando en la ciudad, que no es la libre competencia.
 
El modelo que escogió no es de libre competencia es de urgencia manifiesta, hoy estamos bajo ella. El tema es la inclusión de la población recicladora en condiciones de igualdad material que significa que tonelada que recojan los recicladores se les paga igual que como si se le pagara a los operadores privados y que significa la posibilidad de áreas exclusivas que el Acueducto determinará en un proceso concursal licitatorio para operadores privados que lo quieran, siempre y cuando se estipule no solamente el respeto a la población recicladora sino que la cantidad de basuras arrojadas al relleno disminuya paulatinamente en un período de 10 años hasta que Bogotá conquiste lo que muchas ciudades modernas en el siglo XXI ya conquistaron que es Basura Cero es decir todo debe ser reciclado, es lo manifestado el Alcalde Gustavo  Petro.
 
El alcalde además aseveró que la Sentencia T-275 de 2011 de la Corte Constitucional le permite a él escoger el esquema de aseo que considere pertinente para incluir a la población recicladora, y el distrito aseguraría que 3 mil millones de ese recaudo irían directamente al bolsillo de los recolectores, cumpliéndose así el auto de la corte constitucional que promueve la formalización e inclusión de la población recicladora de la ciudad.
 
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Henry Romero, aseguró que este 18 de diciembre se iniciará también la ruta de reciclaje con los 14.500 recicladores, que alzarán 1.200 toneladas diarias de reciclables frente a las casas, en bolsas transparentes. Romero dijo que esas toneladas cuestan aproximadamente 3.000 millones de pesos, que el Acueducto pagará a los recicladores y serían deducidas de los 26.000 millones que se recaudan, y que recibirían como pago de las 1.200 toneladas de material reciclable que ellos recogen.
 
Adicionalmente con el nuevo modelo de recolección de basuras, los ciudadanos podrían ser beneficiados en una rebaja del 20% en las tarifas de aseo.

Aquí la ira santa de algunos funcionarios como la Alta Consejera Presidencial para Bogotá, Gina Parody, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo y la Directora de la Comisión de Regulación de Agua (CRA), Silvia Yepez, empeñados en favorecer a los 4 operadores privados supremamente poderosos, con mucho musculo financiero, político y de comunicación, está dirigida a torpedear el nuevo modelo de recolección de basuras propuesto por el Alcalde Gustavo Petro, que está decidido no solo a cumplir con la sentencia T-271 de 2011 de la Corte Constitucional, sino también quiere hacer cumplir el Estado Social de Derecho que rige en Colombia.

De ahí las declaraciones del Alcalde Gustavo Petro: Prefiero la destitución inmediata a rendir la bandera de justicia y libertad de Bogotá. ¡¡¡La autonomía de Bogotá se respeta!!!

Carlos Augusto Cubillos Romero

lunes, 19 de noviembre de 2012

COLOMBIA PERDIO TERRITORIO MARITIMO EN EL ARCHIPIALAGO DE SAN ANDRES ISLAS


La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya le reconoció a Colombia la soberanía sobre los cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés y Providencia, pero se perdió cerca del 40% del mar territorial que antes tenían. Quitasueño y Serranilla quedaron como enclaves colombianos en mar nicaragüense.
 
La CIJ, ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, igualmente ratificó el tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua, que Nicaragua pretendía desconocer.
 
De la misma manera, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la posición de Nicaragua de enclavar el Archipiélago de San Andrés y trazar una línea de delimitación marítima entre el Archipiélago y Cartagena, como era su pretensión.
 
A pesar de tener 200 años de posesión, y el Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, entre Colombia y Nicaragua, que establecía que la Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al Gobierno de Managua, mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana y ratificado en 1933, lastimosamente el gobierno colombiano aceptó la jurisdicción del Tribunal de la Haya en el año 2001 (en el gobierno de Andres Pastrana) y hoy con este fallo que es inaplelable se entregó la soberanía nacional. Un centímetro de territorio o mar que se pierda es un centímetro de nuestra soberanía cercenada.
 
El territorio marítimo que Colombia perdió hoy, es un vasto territorio no sólo de belleza paisajística sino también de gran riqueza pesquera y petrolífera. Es una pérdida irreparable de aguas ancestrales que por más de tres centurias eran utilizadas pacíficamente en forma sostenible por pescadores nativos y raizales.

Solo nos quega a los colombianos solicitarle al presidente Santos que no acepte el fallo de la CIJ y por la seguridad alimentaria de los isleños se respete la soberania de Colombia.
 
Carlos Augusto Cubillos Romero

lunes, 12 de noviembre de 2012

CAMBIO CLIMATICO


El 19, 20 y 21 de Noviembre se llevará a cabo en la capital colombiana la Cumbre “Ciudades y Cambio Climático" y se realizará en la Alcaldía Mayor de Bogotá (Carrera 8 #10-65) y la Cámara de Comercio (Avenida Eldorado No 68D-35), reunirá 20 delegaciones de autoridades de América Latina, 16 delegaciones de autoridades y expertos colombianos, más conferencistas de 12 países que discutirán el efecto del cambio climático en las ciudades de la región.
 
El objetivo general de la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio Climático” es crear entre los líderes políticos, autoridades locales, asesores técnicos y líderes la sociedad civil de las ciudades de América Latina la necesidad de diseñar y ejecutar acciones adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como fortalecer los entornos urbanos sostenibles y humanos.
 
Adicionalmente, la realización de la Cumbre de Bogotá pretende lograr ciertos objetivos específicos, de los cuales se destacan:
·       Apoyar desde la experiencia global, y la presencia de ciudades inspiradoras internacionalmente, las iniciativas regionales de tomadores de decisión políticos y técnicos sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, fortaleciendo en particular los canales de cooperación sur-sur.
·  Contribuir, gracias al compromiso de la Alcaldía de Bogotá, a la articulación de las diversas plataformas de ciudades latinoamericanas sostenibles para que en conjunto éstas se enfoquen hacia una gestión integral, tanto de adaptación como de mitigación, frente al cambio climático.
·  Explorar los diferentes tipos de acciones frente a los impactos del cambio climático, así como su pertinencia para las ciudades latinoamericanas
 
Temáticas
 
Sabemos que el cambio climático afecta en mayor intensidad (y continuará haciéndolo) a las poblaciones urbanas vulnerables que usualmente se localizan en zonas de alto riesgo, de mayor exposición o que están desconectadas de los sistemas urbanos. En consecuencia, la lucha contra el cambio climático en las ciudades latinoamericanas debe considerar sólidamente la segregación socio-espacial presente en dichos territorios para dar soluciones viables en el corto y largo plazo.
 
Hoy en día, la gestión urbana ratifica la interdependencia fundamental entre los procesos de urbanización y los sistemas naturales que sirven a las ciudades. Como resultado, las administraciones locales se están orientando cada vez más a integrar de una manera más equitativa y sistemática las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de sus ciudades.
 
Existen varios conceptos que buscan definir este fenómeno ambiental.
 
El Cambio Climático es, un cambio en el clima atribuido al aumento de los Gases de Efecto Invernadero - GEI, principalmente el Dióxido de Carbono - CO2 - que alteraron la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del Clima observada durante largos períodos de tiempo comparables.

Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define el fenómeno como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.
 
Los impactos o amenazas del cambio climático particularmente en Bogotá D.C. son:
  • Inundaciones súbitas en las riberas del Rio Bogotá y sus afluentes.
  • Aumento en la frecuencia de vendavales.
  • Incendios de coberturas vegetales en zonas de los cerros, con ecosistemas de alta montaña como páramos y bosques andinos.
  • Mayor frecuencia de tormentas eléctricas.
  • Mayor frecuencia de eventos extremos como heladas y granizadas.
  • Aumento de la frecuencia de olas de calor y sequias.
  • Aumento de los rayos ultravioleta.
  • Hundimientos.
Dichas amenazas pueden causar:
  • Desabastecimiento de agua y energía.
  • Baja productividad agroecológica (seguridad y soberanía alimentaria).
  • Aumento de frecuencia de enfermedades.