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domingo, 24 de junio de 2012

LA REFORMA A LA JUSTICIA: LA ABERRACION JURIDICA DEL AÑO


De espaldas al país y a puerta cerrada, en un tiempo récord, 12 congresistas lograron colgarle una tracalada de ‘micos’ a la Reforma a la Justicia, generando la peor aberración jurídica que se haya podido tener en la historia de Colombia.

El primer mico es el retiro de la función a la Fiscalía General de la Nación, de investigar a ministros, embajadores, ex directores de Departamento Administrativo y otros altos funcionarios del Estado, lo que permitiría que procesos que se adelantan contra los ex ministros Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro), el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, el ex secretario jurídico Edmundo del Castillo, y María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS (por chuzadas) podrían ser anulados gracias al artículo 16 del Acto Legislativo, con el cual se crea una sala encargada de la investigación de altos funcionarios.

Esta decisión obligaría a paralizar cerca de 1.500 investigaciones, pero además que los ex funcionarios que estuvieran detenidos podrían quedar en libertad.

El favorecimiento a los congresistas y altos funcionarios, en la etapa de conciliación entre Senado y Cámara y que de forma inesperada fueron retiradas las inhabilidades que aplicaban, para quienes hayan sido condenados por delitos culposos, quienes hayan sido empleados públicos un año antes de la elección, quienes hayan intervenido en gestión de negocios con entidades públicas, familiares que se inscriban por el mismo partido, entre otras. Es así como este remedo de Acto legislativo hace la modificación del artículo 183 de la Constitución, que plantean los motivos por los cuales los congresistas serán suspendidos o perderán su investidura, entre las causales para dichas sanciones estaban la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Otro de los alcances de la Reforma a la Justicia que ha causado más polémica es el de la aplicación inmediata de las gabelas judiciales para los congresistas. Así lo deja en evidencia el artículo 7° de la reforma, según el cual los expedientes que estén pendientes de fallo al momento de la entrada en vigencia del acto legislativo serian remitidos por reparto a las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para continuar con su trámite en primera instancia.

En este caso se trata de los procesos de pérdida de investidura, pero también cobijaría los procesos penales que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia.

Esto significa, que la mayoría de procesos que hoy adelanta la Corte Suprema contra ex congresistas por temas tan delicados como la parapolítica o la entrega en administración de bienes incautados al narcotráfico por parte de la DNE, sobre los cuales no se ha emitido sentencia ni resolución de acusación, tendrían que juzgarse en otras condiciones. Configurándose así una total impunidad de los Honorables Padres de la Patria. 

Otra perla en el texto de conciliación es el evidente blindaje jurídico de los congresistas, propiciando casi la eliminación de la pérdida de investidura, haciendo más complejos los procesos disciplinarios en la Procuraduría y se restringen los derechos de los ciudadanos a presentar demandas contra los congresistas.

En síntesis, este remedo de Acto Legislativo no es una reforma a la justicia, sino una reforma política para favorecer al poder legislativo y ejecutivo, creando privilegios y  resolviendo los problemas de los congresistas y ex ministros implicados en la parapolítica, la corrupción, el paramilitarismo y las chuzadas del DAS.

El anuncio hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar el acto legislativo de Reforma a la Justicia y devolverlo al Congreso para su revisión, es una reacción mediática para lavarse las manos, busca frenar el escandaloso esperpento jurídico que ha ocasionado la mayor indignación del país y prefirió lanzarle el agua sucia a los congresistas y ocultar a los verdaderos culpables.

Los responsables.

El Poder Ejecutivo.

El principal responsable de esta polémica reforma es el ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero, como principal representante del gobierno, defensor a ultranza del proyecto y uno de los principales defensores del proyecto, al igual que el ministro Vargas Lleras por ser el gestor de la propuesta y estar al frente del proyecto y ser el parte crucial para la negociación de la prebendas que se les dieron a las altas cortes y a los congresista; el ministro del Interior, Federico Renjifo, por ser el ministro de la política y responsable de la relaciones con el legislativa.

El Poder legislativo.
El Congreso de la Republica (Cámara y Senado) que tramitaron la reforma, los presidentes de Senado, Juan Manuel Corzo, y en especial al de la Cámara, Simón Gaviria, quien admitió que aprobó la reforma sin leerla.

La Mesa de Unidad Nacional tiene que responder, por ser la bancada oficialista que votaron afirmativamente.

Los directos responsables de los micos de la reforma son los congresistas que conformaron la llamada Comisión de Conciliación, conformada por congresistas de la Unidad Nacional, algunos de ellos con investigaciones pendientes.

Estos son los conciliadores de Cámara:

  • Carlos Edward Osorio (Partido de la U)
  • Gustavo Puentes Díaz (Partido Conservador)
  • Germán Varón Cotrino (Cambio Radical)
  • Alejandro Carlos Chaconne Camargo (Partido Liberal)
  • Orlando Velandia Sepúlveda (Partido Liberal)
  • Roosvelt Rodríguez Rengifo (Partido Liberal)

Estos son los conciliadores en el Senado:
  • Eduardo Enríquez Maya (Partido de la U)
  • Martín Emilio Morales (Partido de la U)
  • Juan Manuel Corzo (Partido Conservador)
  • Juan Carlos Restrepo Escobar ( Cambio Radical)
  • Jesús Ignacio García (Partido Liberal)
  • Luis Fernando Duque (Partido Liberal)

El Poder Judicial

Se cuestiona el papel de las altas cortes que recibieron pedazos de pastel a cambio del aumento en los periodos de los magistrados, hecho que éstos niegan categóricamente y señalan tales decisiones a la iniciativa del gobierno, también deben responder el protagonismo con el desmantelamiento del Consejo de la Judicatura.

Los dignos

Los únicos que se quedaron por fuera como partido fueron el Polo Democrático, el Partido Verde, y el movimiento Mira. Hubo contados congresistas que votaron en contra, como el caso de Juan Carlos Vélez del Partido de la U y Juan Manuel Galán del Partido Liberal.

Acciones inmediatas.

Como el engendro jurídico está vivo y no sabemos cómo lo echaran para atrás, porque jurídicamente no hay nada cierto, es necesario hacer la recolección de las firmas para un referendo derogatorio.

El ex constituyente Antonio Navarro Wolf, acompañado por integrantes de varias organizaciones ciudadanas, espera recoger las 150 mil firmas que se necesitan para inscribir un comité que promueva el referendo en contra de la reforma a la Justicia, y  una vez conformado el Comité, se empiece el trámite para recoger un millón quinientos mil firmas para convocar directamente, el referendo para tumbarla.

Adicionalmente, se debe tomar conciencia ciudadana, para que en las próximas elecciones de Congresistas, todos votemos en blanco y propiciar la renovación total del Congreso.  Es una vergüenza que el 95% de los actuales congresistas estén legislando para beneficio propio.

Carlos Augusto Cubillos Romero
cubillos52@gmail.com