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viernes, 9 de abril de 2010

LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO

Los Decretos de Emergencia Social han profundizado la aguda crisis del modelo privatizador de salud, enmarcado en el interés comercial que es el verdadero causante del colapso del sistema de salud colombiano. Con estos Decretos, el Gobierno afecta mínimamente a los que se apropiaron de los recursos de la salud y en su lugar, castiga a los pacientes, restringiendo su derecho a la salud y a los médicos, constriñendo su libertad de prescripción y su autonomía profesional. Esta política de privatizaciones, liberalización a ultranza y desregulación tiene responsables concretos que se niegan a aceptar que fracasaron estrepitosamente y con altísimos costos sociales.

Agotamiento del modelo de sistema de salud, desregulación y EPS privadas. 
  • Este modelo se inició con la Ley 100 de 1993 (el ponente de la Ley, fue el hoy Presidente Álvaro Uribe),
  • Se vendió como un novedoso sistema mixto, con privatizaciones para mejorar la eficiencia,
  • Donde instituciones públicas fortalecidas cumplirían la función de regular el mercado.
  • En la práctica, las instituciones públicas fueron liquidadas, incluyendo a las más eficientes,
  • Se impuso un modelo de liberalización a ultranza, con privatizaciones y desregulación,
  • Que llevaron al cierre de entidades emblemáticas y total deslaboralización de los médicos.
  • Se destinaron millonarios recursos a la ampliación de cobertura con el régimen subsidiado
  • Se permitieron actividades prohibidas en la Ley original, como la integración vertical,
  • Se permitió la negación de servicios incluidos en el POS (fuente de más tutelas) y además
  • El desvío de recursos a actividades distintas de la prestación de servicios a los pacientes.
 Hoy algunas EPS privadas están entre las empresas más exitosas del país, con formas encubiertas de integración vertical que abarcan redes de IPS’s, comercializadoras de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, facultades de medicina y tecnologías del sector e incluso empresas deportivas. Como ya lo reconocieron incluso expertos foráneos contratados por el gobierno, las EPS’s adquirieron poder político suficiente para neutralizar los débiles intentos regulatorios de las autoridades. En efecto, las EPSs son las mayores acreedoras del sistema y fue la cuenta de cobro de ACEMI la que precipitó el escándalo que culminó con la declaratoria de Emergencia Social. Esto explica el porqué los decretos de esta emergencia están diseñados para generar recursos que cubran estas acreencias, antes que soluciones estructurales o rectificaciones históricas en el modelo que colapsa.

La política de desregulación de precios de medicamentos y el colapso del sistema.

Ante los medios de comunicación, el Ministro Diego Palacio no muestra una sola estadística seria. Habla de casos anecdóticos de abuso en tutelas y (tácita o expresamente) atribuye la crisis a la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado, a una supuesta alianza perversa de médicos y pacientes para multiplicar los recobros y a la irresponsabilidad de los jueces que profirieron la Sentencia T-760 del 2008. ¡¡¡En el año 2007 los recobros al FOSYGA ya habían superado la barrera del billón noventa mil millones anual!!!

Los medicamentos son el componente más importante en los recobros al FOSYGA y existe una relación directa -de causalidad evidente- entre la política de liberalización a ultranza o desregulación de precios de medicamentos y la explosión de recobros de los años 2004 a 2009.
  • La persistencia del favorecimiento a las multinacionales farmacéuticas en la emergencia social puede deducirse del 2° "considerando" del Decreto 126/2010 que a la letra dice: "Que, según la información recientemente aportada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo - AFIDRO se ha logrado evidenciar, por una parte, que para algunos medicamentos el valor del recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA excede notablemente el precio de venta del laboratorio y, por otra parte, que en algunos casos, el número de medicamentos recobrados es superior al número de unidades oficialmente reportadas como vendidas por los laboratorios".
  • Y para eliminar dudas, el Parágrafo primero del Artículo 9° del mismo Decreto 126 ordena que la información reportada de precios "tendrá carácter reservado frente a terceros y solamente podrá ser conocida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo". Luego dice: "La revelación en todo o en parte de la información que tenga carácter reservado constituirá falta disciplinaria gravísima para el funcionario responsable, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la ley", es decir, exactamente la posición que sobre este tema defiende AFIDRO. ¿A quienes favorece que la información de precios de medicamentos se maneje tan confidencialmente como los secretos de estado o seguridad nacional?

Decretos de Emergencia Social mantienen el modelo "privatizante y desregulador"

Luego de la lectura de los puntos anteriores y el resumen de los Decretos de Emergencia Social, resulta evidente que:
  • El colapso financiero del sistema de salud, es prácticamente inevitable.
  • El Gobierno y los burócratas de MinProtección Social se niegan a rectificar sus errores.
  • Mantienen y profundizan el modelo "privatizante y desregulador", de liberalización a ultranza y estímulo al interés comercial, que constituye el verdadero origen del problema.
  • Los Decretos son de carácter fiscal y regresivo: más impuestos, más copagos para los más pobres y más recursos públicos para el lucro de operadores privados.
  • Premian a los actores se apropiaron de los multimillonarios recursos de la salud.
  • Pretenden castigar a los pacientes restringiendo su derecho a la salud.
  • A los médicos constriñendo su libertad de prescripción y su autonomía profesional.
Por todo lo anterior, la Federación Médica Colombiana, en representación de los médicos que integran sus 20 colegios departamentales, HAN DECLARADO que:
  • Los decretos de emergencia social son una burla a los colombianos. Constituyen una torpeza técnica que pretende intimidar tanto a los profesionales de la salud como a la población general, para que no toquen los intereses de los grupos financieros y empresariales que controlan el sistema.
  • El Gobierno deberá probar ante la Honorable Corte Constitucional que la “crisis de la Salud” es una situación súbita e imprevista y no el resultado de sus propias políticas o la incompetencia de sus funcionarios. Deberá demostrar que los decretos dictados al amparo de la Emergencia Social y sus causas, están acordes con lo exigido por la Constitución Política de Colombia.
  • Los colombianos esperamos que las decisiones de la Corte Constitucional se corresponderán coherentemente con actuaciones en derecho, soportadas en principios de equidad y justicia social.
  • Es imprescindible la reconstitución del Ministerio de Salud como entidad técnica y competente que sea capaz de estudiar alternativas de fondo para resolver la crisis, como es la transformación estructural del actual sistema de salud en uno cuyo objetivo sea garantizar el DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD que tenemos todos los habitantes del territorio nacional.
  • Se requiere convocar a todas las organizaciones médicas y de las demás profesiones de la salud a construir una propuesta que responda a este propósito y sea, efectivamente, una alternativa ante el fracaso de esta administración.
  • Invita a toda la población del país a que participe activamente en esta propuesta y llama al Gobierno Nacional a que reflexione sobre las medidas tomadas y la manera como lo hizo y corrija tal proceder para que, al final, salga favorecida la democracia y toda la sociedad colombiana.
La Crisis en los Hospitales Públicos
Los de carácter público se han convertido en Empresas Sociales del Estado (ESE) y cobran por servicios prestados, al usuario que pueda permitírselo y a las personas afiliadas al régimen subsidiado (un pago que efectúan las ARS siempre posteriormente, lo que lleva a una falta de fondos crónica y a la imposibilidad de planificación de actividades). Deben atender también a los "vinculados", cuya atención en salud depende, desde un punto de vista financiero, de los gobiernos locales. El déficit operacional de la red pública ronda el billón de pesos.
Según el Ministerio de Salud esta deuda asciende a 465.800 millones -de los que 165.000 son de los municipios-, por lo que las aproximadamente 33.000 clínicas, hospitales, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios y demás IPS, corren el riesgo de desaparecer a causa de:
  • Falta de recursos girados por el Estado y autofinanciación de los hospitales públicos a través de la venta de servicios. Con la aplicación de la ley 344, los subsidios a la oferta se convierten en subsidios a la demanda, lo que convierte a los hospitales públicos en empresas que se sostienen por la venta de servicios (muchas veces, no se les reconocen los gastos en que incurren cuando tratan en urgencias a personas no cubiertas por el sistema de salud).
  • Los fondos no llegan directamente: pasan por el intermediario correspondiente -EPS o ARS-, y hay retrasos por parte de estos.
  • No se llega a cobrar, en muchas ocasiones, la atención a personas vinculadas. A veces tampoco a las pertenecientes al régimen subsidiado.
  • Mala gestión y administración de los hospitales.
  • Contención de costos por parte de las ARS y EPS.
  • Congelación de la UPC mientras crecen los costos de servicio. El manual de tarifas está desactualizado, ya que éstas se reajustan cuando el año está avanzado mientras que la UPC se incrementa a primeros de año. Por cada 100 pesos que facturan, las IPS pierden, con respecto al año 1998, entre 18 y 26 en intervenciones quirúrgicas, entre 9 y 25 en exámenes y procedimientos diagnósticos y entre 12 y 18 en servicios intrahospitalarios y ambulatorios (según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas).
En definitiva, los hospitales públicos sólo reciben recursos a través de las EPS por facturación o servicios prestados, y contratan los mismos con una ARS para atender a la población vinculada o subsidiada. En estas circunstancias, para muchos hospitales es imposible mantener una continuidad en el funcionamiento y la planificación de actividades, ya que no tienen recursos para prestar asistencia de calidad. La crisis afecta a 11 de los grandes centros hospitalarios del país, y podrían quedar sin servicios de salud 10 millones de personas. Las deudas más abultadas se dan en los hospitales de Antioquia (98.585 millones), Cundinamarca (51.036), Bogotá (41.600), Tolima (27.874), Bucaramanga (el único de tercer nivel en el oriente colombiano, al que las ARS adeudan más de 12.000 millones de pesos), Huila (20.935, y donde se adeudan 11.000 millones de pesos al Hospital de Neiva, que constituye el punto de referencia de tercer y cuarto nivel para la población de Huila, Caquetá, sur de Tolima y parte de Cauca, Nariño y Putumayo), el hospital de Ipiales, el San Rafael de Tunja, el Antonio Roldán de Apartado, el San José de Popayán o el Infantil de Caldas (que presta atención pediátrica en todo el eje cafetero). Hay que sumar los universitarios de Barranquilla y Cartagena, el San Andrés de Tumaco.

También el Hospital San Juan de Dios, el más antiguo de Colombia, ha quebrado y ha llegado al límite su estado de iliquidez, ya que las deudas superan los 67.000 millones de pesos (los 1.426 trabajadores de plantilla llevan 17 meses sin percibir su salario ni prestaciones sociales, mientras el monto que recibe el hospital por servicio, de 100 millones de pesos al mes, debe destinarse al pago de unos embargos que suman 11.000 millones de pesos). Esta situación afecta también a los hospitales de San José, La Samaritana y Lorencita, de Bogotá.

La situación se solventa con desembolsos puntuales para paliar la crisis, pero sin atajar el problema de fondo que se arrastra desde la implantación de la ley 100: falta crónica de recursos, disminución de los fondos procedentes del Estado y los departamentos, indefinición de las responsabilidades de las EPS y ARS y mala gestión de los hospitales, que han entrado a competir al mercado en desventaja respecto a las entidades privadas, con mecanismos gerenciales obsoletos, corrupción, burocracia, peso excesivo de las nóminas, etc... Hay huelgas en muchos hospitales del país a causa del retraso en el pago a los trabajadores, un colectivo cada día más desmotivado no sólo por los problemas económicos, sino por el papel que les toca jugar: al ser las necesidades de facturación tan acuciantes para muchos hospitales, el personal se convierte en la punta de lanza de un sistema que llama al paciente usuario o cliente. A partir de ahí, no sólo se olvida la norma que debe marcar la prestación de salud, que es garantizarla, sino que se atenta contra el sentido de la ética y se crea una admisión adversa: hay pacientes que no interesan, hay medicamentos que deberían recetarse pero no están dentro del paquete básico, hay intervenciones que no son rentables o no quedan contempladas. Por encima está la rentabilidad del servicio, no la calidad, y el trabajador se encuentra supeditado a este mercadeo.

Carlos Augusto Cubillos Romero
cubillos52@gmail.com
Publicado en el Periodico MUNDO AMAZONICO -Edición 51 Abr. - May. de 2010