Por una polémica negociación, el Distrito ha girado $73.000 millones en los últimos 10 años por los contratos: “Concesión Parqueadero Calle 77 S. A.”, “Concesión Parqueadero Calle 85 S. A.”, “Concesión Parqueadero Calle 90 S. A.” y “Concesión Parqueadero Calle 97 S. A.”, a la sociedad INFRACOM S.A. del Grupo CONALVIAS.
En el año 1999 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entregó en concesión a la sociedad INFRACOM S.A. (que se ganó esta concesión durante la administración de Enrique Peñalosa) por 20 años en medio de la renovación urbana de la carrera 15, los parqueaderos que vienen funcionando en las calles 77, 85, 90 y 97. Sin embargo, en el contrato se estableció que a los diez años las partes podría determinar si se prorrogaba o no por otros diez años más el contrato, decisión que el IDU está definiendo.
Para la construcción de los cuatro parqueaderos se invirtieron cerca de $21.000 millones de pesos; el IDU aportó $794 millones y los Concesionarios aportaron $1.000 millones cada uno. Los demás recursos provinieron de entidades crediticias.
Foto El Muro del Barrio: Parqueadero Cl.85
¿Cual es la historia?
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en el año 1999 celebró a 20 años con la sociedad INFRACOM S.A. del Grupo CONALVIAS”, contratos de concesión sin percatarse de que estos fueron hechos a la medida de los intereses del concesionario y en deterioro del bolsillo de los bogotanos, pues les aseguran a estos particulares unas ganancias que desbordan cualquier proporción.
En la cláusula décima de los contratos, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se compromete a garantizar unos ingresos mínimos globales (IMG), cuando la demanda no alcance los topes previstos en cada uno de los contratos: “un ingreso mínimo global anual por ingresos recibidos por la facturación del servicio de parqueadero, cualquiera que sea la modalidad definida por el Concesionario, y dentro del tope máximo establecido”. Según uno de los resultados de la veeduría realizada por la Personería Distrital, la aceptación de esta cláusula rompe totalmente con el equilibrio económico, principio rector de la contratación estatal; es decir, las concesiones generan el pago de escandalosas cifras en detrimento del patrimonio público.
Según la Ley 105 de 1993 (arts.30 y 33) se autoriza establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad, cuando no se pueda recuperar la inversión en el tiempo esperado, condición que no se cumple en este caso ya que la inversión se ha recuperado con creces.
En el año 1999 el IDU garantizó ingresos mínimos por más de 5.800 millones de pesos, basándose en los estudios del Consorcio Civiltec Ingenieros Ltda. - Lascano y Esguerra Cía. Ltda., firma contratada por $117’427.850 para la estimación de la demanda de los estacionamientos, y que proyectó que recibirían alrededor de 19.500 millones de pesos anuales, cifra que ni siquiera diez años después, se alcanza. En 2009 los recaudos por operación fueron de 3.600 millones de pesos.
El IDU también se basó en las recomendaciones de la empresa Selfinver Banca de Inversión, contratada por $90.000.000 para la estructuración técnica, legal y financiera, quien estipuló una garantía de ingresos mínimos para que en caso de que los ingresos no fueran los esperados, pagara al Concesionario la diferencia entre dichos ingresos mínimos esperados (cobertura de los ingresos mínimos) y los ingresos efectivos de la operación. La garantía operaría para los diez primeros años.
Los estudios de conveniencia técnicos y financieros no se soportaron en la realidad. Omitieron el número de parqueaderos abiertos al público, la capacidad en cupos de estacionamiento, los porcentajes de ocupación y los horarios y tarifas. El contratista fue irresponsable al afirmar que se requerían para ese momento (año 1998) 2.296 cupos hora, cuando ni siquiera el informe contempla la ocupación real de la infraestructura.
Tampoco proyectaron el posible comportamiento ciudadano de los dueños de vehículos que acostumbran a parquear sobre la vía, andenes y antejardines, y se olvidan de analizar si la renovación urbana y el replanteamiento del uso del espacio público previstos en el plan de ordenamiento territorial afectaban las actividades del uso del suelo permitidas.
En el 2001 el IDU desembolsó más de 3.600 millones de pesos y en un año la cifra se incrementó 1.500 millones; es decir, entregó cerca de 5.100 millones de pesos a los concesionarios por lo pactado en el contrato: “reconocer la actualización del peso constante, el DTF y cinco puntos más”.
A 2009 el IDU ha sacado de su presupuesto 47.700 millones de pesos para cubrir el IMG y 25.700 millones más por la venta de servicios de parqueadero, para un total de 73.000 millones de pesos.
Foto El Muro del Barrio: Parqueadero Cl. 90
¿Y ahora quien responde?
Según la Personería Distrital “resulta inadmisible que pasados nueve años de operación de estos estacionamientos, el IDU con pleno conocimiento de causa, no haya adoptado los correctivos que pongan fin al detrimento patrimonial y la interventoría del contrato sea casi nula. No ha asumido la defensa de los intereses del Distrito; se limita a registrar movimientos contables, sin sentar una posición clara sobre la conveniencia de mantener estas concesiones o en su defecto ponerles fin ante los perjuicios económicos que están causando a las arcas distritales”.
El 4 de junio del 2009 el IDU presentó una acción popular la cual fue rechazada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá y que se encuentra pendiente de resolver por un recurso de apelación. Ahora está en manos del Tribunal de Cundinamarca.
Para la Personería Distrital, “esta iniciativa no fue la adecuada, ya que lo que se requiere es una demanda que logre la nulidad del contrato”.
Así mismo, resulta preocupante que aunque el IDU ha contratado millonarios estudios para conceptuar la idoneidad de los contratos, no ha atendido las recomendaciones de los expertos.
La Personería Distrital advierte: “de continuar con la cláusula de ingresos mínimos garantizados estipulada en los contratos, en el 2011 el Distrito deberá destinar de sus futuros presupuestos una suma estimada en $80.000 millones para cubrir en los próximos diez años sus obligaciones”.
Para la Personería Distrital, “se trata de un contrato lesivo que está desangrando las finanzas bogotanas. Por esa razón (y faltando apenas cinco meses para que el contrato se renueve por 10 años más) el IDU deberá llamar a negociar a INFRACOM S.A. y buscará tumbar la cláusula del ingreso mínimo”.
Mientras esto sucede, los bogotanos seguiremos sorprendidos como administraciones pasadas disponen de los dineros públicos al servicio de intereses particulares y lesionando las finanzas del distrito.
Foto: El Muro del Barrio: Parqueadero Cl 97
Carlos Augusto Cubillos Romero
Como podemos apreciar en el periodo Peñaloza también se cuecen habas, y eso que es el mejor candidato..de Uribe!
ResponderEliminarEs entendible porque Enrique Peñalosa quiere volver a la Alcaldía, para dejar empeñada la ciudad con negocios que solo benefician el interés particular sobre los intereses de los bogotanos. A este corrupto de cuello blanco no lo podemos reelegir… su evidente apetito por defraudar el erario público, es desmedido e indignante. Un corrupto es más peligroso que un guerrillero o un paramilitar.
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