La política de vivienda implementada por el gobierno nacional esta generado un conflicto social que entre otros aspectos se ha traducido en la expedición de 14.400 despachos comisorios para adelantar las diligencias de desalojo por mora en el pago de los créditos hipotecarios por parte de los usuarios del sistema UPAC y UVR, que solo en Bogotá tienen lugar entre 60 y 80 desalojos diarios y a nivel nacional 300.
Según el Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del UPAC (ANUPAC), Fernando Salazar Escobar, “por lo menos 840 mil hogares colombianos siguen teniendo dificultades para pagar sus créditos hipotecarios y que se siguen aplicando normas que han sido declaradas inconstitucionales”.
Adicionalmente, asegura que "de los 840.000 créditos para vivienda que habían sido aprobados a diciembre 31 de 1999 con el antiguo sistema UPAC, 122.000 corresponden a usuarios demandados, dentro de los cuales existen 81.000 procesos vigentes y se han logrado 11.133 arreglos”.
Hace nueve años que la Corte Constitucional tumbó el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y entró a operar la Unidad de Valor Real (UVR), sin embargo “los jueces no han acatado el fallo de la Corte Constitucional que ordena la reliquidación de los créditos hipotecarios sin UPAC, ni DTF, y según la sentencia SU-813 en Sep. de 1999, los bancos no podían seguir cobrando intereses remuneratorios, ni de mora, ya que su cobro se originó en una aplicación irregular de la Ley 546 de 1999”.
Las víctimas del sector financiero, están sufriendo las consecuencias del perverso y voraz sistema hipotecario del UPAC, que a partir de 1992, cuando el Banco de la República decidió atar el costo del UPAC a la DTF por presión de los bancos, desbordando la capacidad de pago de los deudores, han provocando desde la ruina, la desintegración y desplazamiento familiar, hasta el suicidio masivo de los usuarios.
En este momento “son más de 112 mil hogares en el país que están a punto de que sean rematadas sus viviendas porque en los estrados judiciales está haciendo caso omiso a la sentencia de la Corte Constitucional y terminaran rematando los inmuebles y desalojando las familias”.
Los desalojos han terminado en conflictos entre el deudor hipotecario y la fuerza pública, quienes han protagonizado enfrentamientos y resistencia para evitar ser despojado de su inmueble y con sus pertenencias en la calle, ponen en evidencia la desigualdad de un estado social de derecho, que permite la vulneración del derecho social fundamental a una vivienda digna, contemplado en el Articulo 51 de la Constitución Política, frente a las ilegales pretensiones de los acreedores hipotecarios.
Es el caso de José Modesto Salcedo Sanabria, que en 1990 quiso comprar una casa en el barrio El Encanto de Bogotá. El precio original del inmueble fue de $95 millones, con los que no contaba en ese momento. Decidió, entonces, tomar un crédito hipotecario y parecía que así había solucionado el problema.
Durante los seis años siguientes le pagó al banco $82 millones y le realizó mejoras a la casa por $70 millones. Pero en 2004, cuando él asegura que estaba al día en los pagos, la entidad financiera inició un proceso jurídico que en noviembre de 2006 significó el remate de su casa por $80 millones, en ese momento valorada en $230 millones.
Las irregularidades en su caso no pararon ahí. En enero de 2007, Salcedo Sanabria le pagó al banco $3 millones, cuando se suponía que el proceso ya había terminado, pero el juez del caso no declaró ninguna anomalía y continuó con el proceso.
En Sep. 3 de 2007, el Juez 43 civil, José Domingo Roncancio Patiño, adelanta la diligencia de desalojo, desde las 7 de la mañana Salcedo Sanabria y los miembros de tres familias que habitaban en la casa, amarraron las rejas metálicas con cadenas y se atrincheraron para evitar el desalojo.
Dentro de la vivienda, se encontraban 30 adultos y 10 niños entre los 7 meses y los 15 años, que en compañía de Salcedo Sanabria, resistieron durante casi 8 para evitar ser lanzados a la calle.
Sus familiares y empleados lo acompañaron en su decisión. Y lo hicieron con tanto ahínco que se aferraron a las rejas con desesperación y allí aguantaron la primera arremetida de la Policía.
Luego se atrincheraron en la terraza mientras gritaban arengas y consignas contra los bancos, el juez que ordenó el desalojo y las demás autoridades.
La policía utilizó tanquetas antimotines y más de treinta miembros del Escuadrón Antidisturbios, ESMAD, con sus escudos, y armaduras negras que utilizan en los motines callejeros, y cuando la policía intentó derribar la reja de la casa con el cable de acero de la grúa, se desató una batalla campal.
Hoy, Salcedo Sanabria espera la reliquidacion de su deuda y tiene demandado al banco por fraude procesal y al juez, por cuatro delitos, entre ellos prevaricato.
Para completar la tragedia de los deudores del sistema financiero UPAC en el mes de Agosto de 2008, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Juan Lozano, advirtió sobre la existencia de “traficantes de la recompra de viviendas que acuden a remates de inmuebles desalojados y los venden a menor precio”.
La denuncia, que ya le transmitió a la Fiscalía y a la Policía Nacional, se hizo durante un enérgico pronunciamiento en el que Lozano también instó a la Superintendencia Financiera a revisar, de forma juiciosa, los saldos de quienes están a punto de perder su casa. “hay que acudir a buenas prácticas de cobro”, insistió.
La existencia de carteles que negocian entre sí los remates de viviendas que son quitadas por los bancos a los morosos de créditos hipotecarios, profundiza la situación de miles de personas que han perdido sus inmuebles. Estos usuarios, que por diferentes razones no pudieron cumplir con sus obligaciones, además de perder los ahorros de toda la vida, tienen que soportar ver cómo son negociados sus inmuebles en oscuras transacciones.
Estas denuncias, que inicialmente fueron señaladas por el Ministro de Medio Ambiente y Vivienda Juan Lozano, han sido confirmadas por el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del UPAC, ANUPAC, Fernando Salazar.
Para ANUPAC, varias oficinas se han encargado de aprovechar los remates que son llevados a cabo por los bancos, para comprar viviendas a bajo precio para luego venderlas con jugosas ganancias. Aunque esta operación no es ilegal, lo que molesta a los deudores hipotecarios, es que en medio de la transacción está la intervención de muchos funcionarios de los juzgados, de los bancos, de las oficinas de finca raíz, que mediante incentivos conforman los carteles que se aprovechan de la desgracia de los ahorradores, que no solo tienen que conformarse con perder su vivienda, sino que luego pueden apreciar como es vendida por tres o cuatro veces menos del valor con que fue liquidada su deuda por el banco.
Según Fernando Salazar, “este es un magnífico negocio para los bancos, que mediante el regalo de tarjetas débito y bonos a funcionarios de los juzgados, agilizan todos los trámites para llevar a cabo la venta de los inmuebles, antes de ser incluso ofrecidos mediante oferta pública y abierta”.
Lo increíble de esta situación es que se está presentando en todo el país, donde los denominados carteles tienen contactos en juzgados y oficinas de finca raíz que también sirven de intermediarios para efectuar este negocio.
Es por ello que los bancos siempre han argumentado que colocar dinero no es fácil y el sector financiero mantiene unos márgenes operativos de tasas excesivas que superan muy por encima a las de países de similar desarrollo –como Perú, Chile o México– y aún más las de países desarrollados.
Se requiere que el Estado que intervenga de una vez por todas al sistema crediticio hipotecario que está arruinando a la clase media. Una medida de beneficio general sería la de volver a atar el UPAC (o el UVR como lo llaman ahora) al IPC, o crear una fórmula que impida cobrar la deuda más veces de lo que es justo y razonable. El Congreso de la República está en mora de expedir una ley que repare el daño sufrido a tantos deudores hipotecarios atropellados por ese sistema que ha dejado ya más damnificados que un huracán, y le ponga freno a ese poder omnímodo que tienen los bancos en Colombia.
Carlos Augusto Cubillos Romero
(Publicado en el Periodico MUNDO AMAZONICO - Edición No. 45 Nov. - Dic. 2008)
