Meter a la cárcel a los conductores ebrios en el país, se volvió un tema de polémica y de protagonismo en el Congreso. El miércoles 14 de abril, fueron radicados dos proyectos de ley que buscan encarcelar a los conductores borrachos.
Mientras la representante Gloria Stella Díaz Ortiz, del Movimiento MIRA, presentó un nuevo proyecto (que ya se había hundido), para quitar la casa por cárcel a los conductores ebrios que terminan afectando a algún ciudadano, el senador Roy Barreras Montealegre, del Partido de la U, radicó su propio proyecto (que también se hundió la semana pasada), buscando aplicar penas de cárcel de 8 a 30 días para los conductores sorprendidos manejando después de ingerir licor.
El proyecto del senador Roy Barreras Montealegre busca que los conductores que se atrevan a conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias sicotrópicas, sean arrestados de 8 a 30 días y en aquellos casos en los que se causa la muerte a una persona en un accidente de tránsito, tengan una pena desde los 5 hasta los 15 años de prisión.
Pero más allá del "show mediatico" de los congresistas, la realidad está en las vías. Según el reporte del director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, este año ya han ocurrido 462 accidentes provocados por conductores ebrios, en los cuales 103 personas han perdido la vida y otras 263 han resultado heridas; ademas se han inmobilizado mas de 800 vehiculos y se han impuesto mas de 1.500 comparendos.
Cabe recordar que lo que hoy se sanciona con cárcel no es el manejar borracho, sino los delitos que se puedan derivar de esta conducta, como el homicidio y las lesiones personales. Sin embargo, como estos casos se consideran delitos culposos (cometidos por imprudencia o negligencia, sin intención), pocos conductores ebrios que hieren o matan con sus carros van presos.
Si lo que se busca es castigar a los conductores borrachos no importa quién sea el autor del proyecto de ley, y legislar para beneficio de todos los colombianos que somos los directos afectados por este tipo de conductas.
A pesar que ambos proyectos de ley buscan el mismo objetivo, no se ve por ningún lado la indemnización por daños causados a las víctimas. Pues no basta con que el SOAT cubra algunos gastos, y los originados por perdida de las vidas, la integridad, el trabajo y otros daños causados, deberían ser parte de una indemnización que pague el causante.
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