NUEVA OLA INVERNAL 2011: CATASTROFE NACIONAL.

Ola Invernal 2011 - Av. Chía

Al menos 29.100 personas quedaron damnificadas por nuevas inundaciones y desbordamientos de los ríos en el país por efecto de las lluvias. Se elevó a casi 160.000 el número de damnificados por el actual período lluvioso, según los registros de la Cruz Roja Colombiana (CRC), que indican que las precipitaciones dejan en lo que va del año: 93 muertos, 52 heridos y 12 desaparecidos.

"La situación continúa delicada por cuanto sigue lloviendo en buena parte de los 24 departamentos que tenemos afectados", dijo César Urueña, director del Socorro Nacional de la CRC.

Las dos temporadas lluviosas de 2010 y la primera de 2011 dejan al menos 415 muertos, 489 heridos y 2,98 millones de damnificados, subrayó el director del Socorro Nacional de la CRC.

Para la atención de emergencias de la temporada invernal se había previsto que le podría costar al Estado unos 823.151 millones de pesos, según lo había dado a conocer en marzo, el Director la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) Ramón Leal Leal, por disposición de los decretos de emergencia social, económica y ambiental (4629 de 2010 y 0141 de 2011). 

Ola Invernal 2011 - Variante Chía

Lo cierto es que hasta ahora se han desembolsado 317 mil millones de pesos de recursos públicos para atender las emergencias humanitarias causadas por el invierno, que deja casi 3 millones de afectados y 417 muertos desde el año 2010.

Para el presidente Juan Manuel Santos, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), son las directas responsables de la gran magnitud del desastre provocado por la ola invernal que afecta al país, y se alista a intervenirlas.

El vicepresidente Angelino Garzón les pidió a los organismos de vigilancia y control que realicen una investigación a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), para que les exijan mayor esfuerzo para mitigar los efectos del invierno, ya que, “se encuentran en deuda con el país y el Estado” afirmo el viceprecidente Garzón.

Para nadie es un secreto que las CAR, necesitan una intervención porque están permeadas por la corrupción y son fortines políticos, no son las únicas y completas responsables de lo sucedido, y en ese orden de ideas si de culpables se trata, en la lista también deben estar las alcaldías, las gobernaciones y el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En este sentido, como ambientalistas, creemos que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), compartimos la decisión del gobierno deben ser intervenirlas.

Lo que no compartimos es el grado de responsabilidad que se les ha querido asignar en la falta prevención de desastres. Las responsabilidades no son exclusivas de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), todo el Sistema Nacional Ambiental, tiene responsabilidades compartidas por no haber prevenido y mitigado los efectos del Fenómeno de la Niña.

Ola Invernal 2011 - Floricultores De Chía

“Las corporaciones tienen responsabilidades que tienen que ver con la prevención de desastres, pero son limitadas. La prevención es responsabilidad fundamental del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que está en manos del Ministerio del Interior, y me llama la atención que haya pasado de agache en esta crisis y todo se haya volcado hacia las CAR”, asegura Manuel Rodríguez, experto ambiental y ex ministro de Ambiente.

Lo único cierto por ahora, es que la suerte de las CAR aún está en vilo. El senador Juan Lozano Ramírez, ex ministro de Ambiente, explicó que lo que se busca es cambiar el origen de la designación de los directores de las corporaciones, que tendrían un perfil más gerencial, así como la composición de las juntas de las CAR, actualmente compuestas por representantes del Presidente de la República, del ministerio del Medio Ambiente, del sector privado, de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y de las comunidades indígenas y negras. Lo más probable es que termine peor de politizadas, o en el peor de los casos no pase nada, como lo sucedido con el tan cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Ola Invernal 2011 - Ubate

El ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo hizo fuertes críticas a algunos alcaldes y gobernadores a quienes responsabilizó de las demoras que se están presentando para hacer efectivas las ayudas que dispuso el gobierno para atender la difícil situación de los agricultores, floricultores y ganaderos afectados por la ola invernal.

Dijo que, muchos mandatarios locales se están haciendo los “morrongos”, los locos o jugando políticamente para no expedir un certificado con el que se acredita la calidad de damnificado por el invierno y se obtiene el derecho a acceder a los alivios.

El certificado, que debe ser expedido por el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, CLOPAD, es indispensable para recibir las ayudas dispuestas por el gobierno. El ministro informó que 300 mil millones de pesos se encuentran en caja hace algún tiempo para aliviar la situación de los afectados.

Ola Invernal 2011 - Utica

Hoy recordamos con rabia y vergüenza cómo el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura (en el gobierno de Álvaro Uribe) entregó millonarios subsidios no reembolsables a terratenientes con grandes influencias políticas y vínculos con la parapolítica, hoy esos subsidios no reembolsables deberían estar beneficiando a los agricultores, floricultores y ganaderos que han sido damnificados por la ola invernal.

Dice el refrán popular “en rio revuelto ganancia de pescadores” al que debemos agregar “en ola invernal ganancia de politiqueros”. Ahora se requieren soluciones y resultados a la emergencia invernal y menos palabrería y más acciones. Toca bajarnos de la locomotora de la prosperidad democrática a empujar el tren de la sabana repleto de damnificados de Chia, Cajica, Ubate y del resto del país, pero todos, para salvar nuestro país, de esta catástrofe nacional, antes que terminemos con toda seguridad en una pobreza absoluta.

Carlos Augusto Cubillos Romero
cubillos52@gmail.com

RADICAN EN EL CONGRESO OTRA VEZ DOS PROYECTOS DE LEY PARA CASTIGAR A LOS CONDUCTORES BORRACHOS

Meter a la cárcel a los conductores ebrios en el país, se volvió un tema de polémica y de protagonismo en el Congreso. El miércoles 14 de abril, fueron radicados dos proyectos de ley que buscan encarcelar a los conductores borrachos.

Mientras la representante Gloria Stella Díaz Ortiz, del Movimiento MIRA, presentó un nuevo proyecto (que ya se había hundido), para quitar la casa por cárcel a los conductores ebrios que terminan afectando a algún ciudadano, el senador Roy Barreras Montealegre, del Partido de la U, radicó su propio proyecto (que también se hundió la semana pasada), buscando aplicar penas de cárcel de 8 a 30 días para los conductores sorprendidos manejando después de ingerir licor.

La iniciativa propuesta por la representante Gloria Stella Díaz Ortiz, busca acabar con la casa por cárcel para aquellos conductores ebrios que le causan la muerte a una persona. Propende porque las penas sean purgadas en centros de prisión normales.

El proyecto del senador Roy Barreras Montealegre busca que los conductores que se atrevan a conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias sicotrópicas, sean arrestados de 8 a 30 días y en aquellos casos en los que se causa la muerte a una persona en un accidente de tránsito, tengan una pena desde los 5 hasta los 15 años de prisión.

Pero más allá del "show mediatico" de los congresistas, la realidad está en las vías. Según el reporte del director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, este año ya han ocurrido 462 accidentes provocados por conductores ebrios, en los cuales 103 personas han perdido la vida y otras 263 han resultado heridas; ademas se han inmobilizado mas de 800 vehiculos y se han impuesto mas de 1.500 comparendos.

Cabe recordar que lo que hoy se sanciona con cárcel no es el manejar borracho, sino los delitos que se puedan derivar de esta conducta, como el homicidio y las lesiones personales. Sin embargo, como estos casos se consideran delitos culposos (cometidos por imprudencia o negligencia, sin intención), pocos conductores ebrios que hieren o matan con sus carros van presos.

Si lo que se busca es castigar a los conductores borrachos no importa quién sea el autor del proyecto de ley, y legislar para beneficio de todos los colombianos que somos los directos afectados por este tipo de conductas.

A pesar que ambos proyectos de ley buscan el mismo objetivo, no se ve por ningún lado la indemnización por daños causados a las víctimas. Pues no basta con que el SOAT cubra algunos gastos, y los originados por perdida de las vidas, la integridad, el trabajo y otros daños causados, deberían ser parte de una indemnización que pague el causante.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

FORO: "UN MODELO DEMOCRATICO PARA LA CIUDAD: RETOS DE LA DESCENTRALIZACION"

Foto: el Muro del Barrio

La Secretaría de Distrital Gobierno, realizó el 5 de abril, el Foro: "Un Modelo Democrático para la Ciudad: Retos de la Descentralización" en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama, instalado por el Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno.

Varios expertos en materia de descentralización debatieron el tema en tres paneles:

• Panel 1. Política de descentralización y desconcentración de Bogotá.
• Panel 2. Reforma Administrativa de las Localidades: naturaleza y competencias (reforma al título v del decreto-ley 1421 de 1993).
• Panel 3. ¿Una nueva división territorial para Bogotá? Diagnóstico y Propuestas.

Bajo el concepto que Bogotá debe ser una Ciudad de Derechos, entre los cuales prima el derecho a una democracia basada en la distribución del poder central a lo local, que sea más incluyente en lo social se plantearon tres grandes propósitos:

• Construir una ciudad unitaria, con localidades autónomas administrativamente
• Localidades articuladas al nivel central, con funciones delegatarias claras, y Personería Jurídica
• Promoción de la Participación Ciudadana, vinculados a la gestión pública atreves de los Encuentros Comunitarios y Presupuestos Participativos.  
  

  

  Foto: El Muro del Barrio

Dentro de las intervenciones más destacadas están las del los panelistas: Jaime Castro Castro (Ex Alcalde Mayor), Paul Bromberg (Coordinador General Red Bogotá), Rubén Darío Bohórquez (Alcalde Local de Suba), Gloria Elsy Díaz Martínez (Edilesa Localidad de Santafé), Andrés Camacho Casado (Concejal de Bogotá) y Juan Carlos Almonacid (Alcalde Local de Teusaquillo).

Foto: El Muro del Barrio

El debate genero algunas propuestas concluyentes:

• Es indispensable reformar el Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá), para lograr una verdadera descentralización administrativa, que garantice la gobernabilidad de la ciudad  y brindarle una organización moderna al Distrito Capital, mirando al futuro como una metrópoli con más de 7’500.000 habitantes.
• Es necesario una reestructuración de las alcaldías locales como dependencias autónomas con competencias claramente definidas y con mayores grados de autonomía (política y financiera).
• Es conveniente fortalecer las dinámicas de participación ciudadana, haciendo participe a la población de los asuntos públicos y del control a la administración de la ciudad y de la localidad.
• Es vital la voluntad política que le permita a la administración central ponga en marcha una política de descentralización distrital, donde estén comprometidos todos los sectores que intervienen en el desarrollo de la ciudad. La descentralización depende de todos.
• Es prioritario definir el tamaño y número de localidades necesarias que permitan una mayor cercanía a la ciudadanía con el objetivo de lograr una gestión pública efectiva, que sea capaz de darle una solución adecuada y a tiempo a los problemas y requerimientos de la ciudad.
• Es preciso determinar las líneas de inversión del nivel local para contribuir al mejoramiento de la eficiencia del gasto público, atendiendo los criterios de concurrencia y complejidad con el nivel central.

Carlos A. Cubillos R.
cubillos52@gmail.com

RELANZAMIENTO PROGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD (ULEP) DE SUBA

El día 31 de Marzo se hizo el relanzamiento del Programa de la Unidad Local de Emprendimiento y Productividad (ULEP) de Suba y se abrió la convocatoria del II Concurso SUBA EMPRENDEDORA para el año 2011.

La Secretaria de Desarrollo Económico, La Alcaldía local de Suba, la Junta Administradora Local de Suma y la Promotora de Servicios para el Desarrollo PROCEDER como partes firmantes del Convenio de asociación 118-2011, convocan a todos los residentes de la localidad a participar en esta convocatoria.

En este concurso pueden participar todas las personas mayores de 18 años que residen en la Localidad de Suba, que tengan una iniciativa de negocio o actividad productiva. El Concurso premiara las 20 mejores iniciativas con un incentivo de $4’000.000 no reembolsables, en insumos para ser invertidos como capital semilla para iniciar o fortalecer su microempresa.

Para participar deben diligenciar un Formato de Inscripción que pueden descargar ingresando a: http://ulepsuba.blogspot.com/, el cual debe ser completado y enviado adjunto al correo electrónico:

concursoulepsubaemplendedora@gmail.com, colocando en el asunto el nombre del participante. Este mismo formato debe ser llevado impreso a las oficinas de la ULEP SUBA en la dirección: Av. Ciudad de Cali No. 104-06 Barrio Aures II,en los horarios de 8:30 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de Abril de 2011. Mayor información en los teléfonos: 6978130 – 6906250, o en pagina web: http://ulep.camellando.net/

El objetivo principal de la ULEP de Suba es promover y facilitar el acceso de los habitantes de la localidad de SUBA, al sistema productivo de la ciudad, a través de un portafolio de servicios dirigido a todas aquellas personas interesadas en: búsqueda de empleo, empresarios interesados en ocupar personas de la localidad, desarrollo de proyectos de emprendimiento y fortalecimiento económico.

A estos servicios puede acceder toda la comunidad de la Localidad de Suba, especialmente, personas cesantes, emprendedores y MIPYMES (micros, pequeñas y medianas empresas), o grupos de personas con ideas e intereses en proyectos productivos que requieren de asesoría, apoyo y/o formación.

Solo nos resta decir: Todos podemos ser parte de la solución del problema y cambiando de actitud dejamos de ser uno más en las estadísticas del problema.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

ALERTA AMARILLA A TRANSMILENIO S.A.: POR PROCESO LICITATORIO DEL SIRCI

El pasado 18 de Marzo, Transmilenio S. A. no hizo la audiencia de adjudicación del Sistema de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) del Sistema Integrado de Transporte Público y hasta la fecha se desconocen los motivos por no dar cumplimiento con el cronograma de licitación del SIRCI.

Antecedentes

Desde abril del 2010, la Procuraduría General de la Nación inició actuación preventiva integral al trámite de la Licitación Pública mediante la cual Transmilenio S.A., buscaba seleccionar al Concesionario del SIRCI, proceso que fue revocado en ese mismo año, también a solicitud del Procurador General de la Nación.

Con el fin de optimizar la gestión de Transmilenio S.A., salvaguardar el interés público y los recursos del Estado, en desarrollo de la misma actuación preventiva sobre el nuevo proceso licitatorio iniciado en el 2011, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, remitió comunicaciones con observaciones sobre el Proyecto de Pliego de Condiciones (algunas de las cuales no fueron acogidas por Transmilenio S.A.) y sobre el Pliego de Condiciones Definitivo.

En reciente comunicación, remitida por la Procuradora Delegada María Eugenia Carreño Gómez el pasado 18 de marzo, presentó recomendaciones referentes, entre otros aspectos:

• Al no cumplimiento de las etapas del proceso licitatorio previstas en el cronograma
• A la obligatoriedad de dar publicidad del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)
• A los serios interrogantes formulados por los interesados en el proceso, relacionados con la integración tecnológica del nuevo operador de recaudo y los actuales concesionarios
• Al mecanismo previsto en el pliego para la apertura del sobre económico de las propuestas
• A condiciones no definidas relacionadas con la limitación a la participación de empresas operadoras de transporte y sus vinculados económicos.
• A falencias en el Documento de Estudios Previos, aspecto fundamental que regula el Estatuto Contractual.
• A la no concreción de un proceso de interventoría para el futuro contrato de concesión.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el pasado 25 de marzo, insistió en la sugerencia presentada a Transmilenio S.A. sobre la posibilidad de revocar el acto de apertura de la Licitación Pública TM-LP-001-2011, cuyo objeto es seleccionar al concesionario que operará el Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI).

En comunicación dirigida al gerente de Transmilenio S.A., Jairo Fernando Páez Mendieta, el jefe del Ministerio Público invitó a la entidad contratante a reflexionar sobre aspectos legales trascendentales del proceso licitatorio, y otros con incidencia para el funcionamiento del SIRCI, considerando el impacto directo de este componente en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Aspectos generales

La apertura de la licitación se hizo el 25 de enero y culminó el 18 de febrero a las 9 de la mañana. Se esperaba que el 18 de marzo, Transmilenio S.A., hiciera la audiencia de adjudicación.

Este contrato tendrá un plazo de ejecución de 16 años (5.840 días) y constituye la posibilidad de hacer un control eficiente y efectivo de la operación de la flota de buses, tal como sucede hoy en el centro de control del sistema Transmilenio, a partir del segundo semestre del año.

Este mecanismo de cobro centralizado recibirá todo el dinero pagado por los usuarios de buses de Bogotá, y posteriormente lo asignará a cada uno de los operadores. El SIRCI manejará los millonarios recursos del SITP (unos 7.800 millones de pesos diarios, aproximadamente $2,8 billones anualmente), que su adjudicación es aún más importante que la del SITP. Para que funcione el SITP, se requiere que opere el SIRCI y su articulación con el sistema de recaudo de Transmilenio.

Sin ser pesimistas, vemos con preocupación que estas observaciones de la Procuraduría General de la Nación aplacen nuevamente el proceso licitatorio del Sistema de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) y retrasen el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte (SITP) y los bogotanos sigamos privados de las bondades del novedoso sistema, ya que uno de los objetivos de este megaproyecto es magnificar el impacto en la calidad de vida, a partir del mejoramiento de la movilidad en la ciudad.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

DIA MUNDIAL DEL AGUA 2011: 22 de Marzo

El Día Mundial del Agua 2011, tiene por lema “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”, centrará así su atención en el impacto del creciente aumento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas de abastecimiento de agua.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo bajo el auspicio, entre otros, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como una forma de llamar la atención acerca de la importancia del agua y de abogar por un desarrollo sostenible de los recursos hídricos. Y es que, según datos publicados en la página web oficial Del Día Mundial del Agua, actualmente la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, algo que continuará creciendo en los próximos años. “Es importante tomar las medidas necesarias para que el incremento poblacional en áreas urbanas no se convierta en una crisis humanitaria sin retorno”, se señala en esta misma Web.

Acerca del Día Mundial del Agua

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.

Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.

¿Qué podemos hacer?

Podemos hacer mucho para proteger este valioso recurso: no contaminando nuestras fuentes hídricas, y algo muy importante, no permitiendo que empresas multinacionales llegen a destruir nuestros páramos, fuentes del preciado líquido, que abastece acueductos de ciudades importantes, como el Páramo de Santubán, es una fabrica de agua ubicado en el Departamento de Santander, suministra agua a 2,2 millones de santandereanos. En este lugar existen mas de cuarenta lagunas y centenares de riachuelos, en su habitat se encuentran diversas especies de fauna y flora. Esta riqueza hídrica esta en peligro ante una una posible explotracion aurífera por parte de la transnacional canadiense GreyStar.  Les recomiendo ver el video. 

Carlos Augusto Cubillos Romero
cubillos52@gmail.com

PARQUEADEROS DE LA CARRERA 15: OTRO DESANGRE FINANCIERO DEL IDU

Por una polémica negociación, el Distrito ha girado $73.000 millones en los últimos 10 años por los contratos: “Concesión Parqueadero Calle 77 S. A.”, “Concesión Parqueadero Calle 85 S. A.”, “Concesión Parqueadero Calle 90 S. A.” y “Concesión Parqueadero Calle 97 S. A.”, a la sociedad INFRACOM S.A. del Grupo CONALVIAS.

En el año 1999 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entregó en concesión a la sociedad INFRACOM S.A. (que se ganó esta concesión durante la administración de Enrique Peñalosa) por 20 años en medio de la renovación urbana de la carrera 15, los parqueaderos que vienen funcionando en las calles 77, 85, 90 y 97. Sin embargo, en el contrato se estableció que a los diez años las partes podría determinar si se prorrogaba o no por otros diez años más el contrato, decisión que el IDU está definiendo.

Para la construcción de los cuatro parqueaderos se invirtieron cerca de $21.000 millones de pesos; el IDU aportó $794 millones y los Concesionarios aportaron $1.000 millones cada uno. Los demás recursos provinieron de entidades crediticias.

Foto El Muro del Barrio: Parqueadero Cl.85

¿Cual es la historia?

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en el año 1999 celebró a 20 años con la sociedad INFRACOM S.A. del Grupo CONALVIAS”, contratos de concesión sin percatarse de que estos fueron hechos a la medida de los intereses del concesionario y en deterioro del bolsillo de los bogotanos, pues les aseguran a estos particulares unas ganancias que desbordan cualquier proporción.

En la cláusula décima de los contratos, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se compromete a garantizar unos ingresos mínimos globales (IMG), cuando la demanda no alcance los topes previstos en cada uno de los contratos: “un ingreso mínimo global anual por ingresos recibidos por la facturación del servicio de parqueadero, cualquiera que sea la modalidad definida por el Concesionario, y dentro del tope máximo establecido”. Según uno de los resultados de la veeduría realizada por la Personería Distrital, la aceptación de esta cláusula rompe totalmente con el equilibrio económico, principio rector de la contratación estatal; es decir, las concesiones generan el pago de escandalosas cifras en detrimento del patrimonio público.

Según la Ley 105 de 1993 (arts.30 y 33) se autoriza establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad, cuando no se pueda recuperar la inversión en el tiempo esperado, condición que no se cumple en este caso ya que la inversión se ha recuperado con creces.

En el año 1999 el IDU garantizó ingresos mínimos por más de 5.800 millones de pesos, basándose en los estudios del Consorcio Civiltec Ingenieros Ltda. - Lascano y Esguerra Cía. Ltda., firma contratada por $117’427.850 para la estimación de la demanda de los estacionamientos, y que proyectó que recibirían alrededor de 19.500 millones de pesos anuales, cifra que ni siquiera diez años después, se alcanza. En 2009 los recaudos por operación fueron de 3.600 millones de pesos.

El IDU también se basó en las recomendaciones de la empresa Selfinver Banca de Inversión, contratada por $90.000.000 para la estructuración técnica, legal y financiera, quien estipuló una garantía de ingresos mínimos para que en caso de que los ingresos no fueran los esperados, pagara al Concesionario la diferencia entre dichos ingresos mínimos esperados (cobertura de los ingresos mínimos) y los ingresos efectivos de la operación. La garantía operaría para los diez primeros años.

Los estudios de conveniencia técnicos y financieros no se soportaron en la realidad. Omitieron el número de parqueaderos abiertos al público, la capacidad en cupos de estacionamiento, los porcentajes de ocupación y los horarios y tarifas. El contratista fue irresponsable al afirmar que se requerían para ese momento (año 1998) 2.296 cupos hora, cuando ni siquiera el informe contempla la ocupación real de la infraestructura.

Tampoco proyectaron el posible comportamiento ciudadano de los dueños de vehículos que acostumbran a parquear sobre la vía, andenes y antejardines, y se olvidan de analizar si la renovación urbana y el replanteamiento del uso del espacio público previstos en el plan de ordenamiento territorial afectaban las actividades del uso del suelo permitidas.

En el 2001 el IDU desembolsó más de 3.600 millones de pesos y en un año la cifra se incrementó 1.500 millones; es decir, entregó cerca de 5.100 millones de pesos a los concesionarios por lo pactado en el contrato: “reconocer la actualización del peso constante, el DTF y cinco puntos más”.

A 2009 el IDU ha sacado de su presupuesto 47.700 millones de pesos para cubrir el IMG y 25.700 millones más por la venta de servicios de parqueadero, para un total de 73.000 millones de pesos.

Foto El Muro del Barrio: Parqueadero Cl. 90

 

 ¿Y ahora quien responde?

 

Según la Personería Distrital “resulta inadmisible que pasados nueve años de operación de estos estacionamientos, el IDU con pleno conocimiento de causa, no haya adoptado los correctivos que pongan fin al detrimento patrimonial y la interventoría del contrato sea casi nula. No ha asumido la defensa de los intereses del Distrito; se limita a registrar movimientos contables, sin sentar una posición clara sobre la conveniencia de mantener estas concesiones o en su defecto ponerles fin ante los perjuicios económicos que están causando a las arcas distritales”.

 

El 4 de junio del 2009 el IDU presentó una acción popular la cual fue rechazada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá y que se encuentra pendiente de resolver por un recurso de apelación. Ahora está en manos del Tribunal de Cundinamarca.

 

Para la Personería Distrital, “esta iniciativa no fue la adecuada, ya que lo que se requiere es una demanda que logre la nulidad del contrato”.

 

Así mismo, resulta preocupante que aunque el IDU ha contratado millonarios estudios para conceptuar la idoneidad de los contratos, no ha atendido las recomendaciones de los expertos.

 

La Personería Distrital advierte: “de continuar con la cláusula de ingresos mínimos garantizados estipulada en los contratos, en el 2011 el Distrito deberá destinar de sus futuros presupuestos una suma estimada en $80.000 millones para cubrir en los próximos diez años sus obligaciones”.

 

Para la Personería Distrital, “se trata de un contrato lesivo que está desangrando las finanzas bogotanas. Por esa razón (y faltando apenas cinco meses para que el contrato se renueve por 10 años más) el IDU deberá llamar a negociar a INFRACOM S.A. y buscará tumbar la cláusula del ingreso mínimo”.

 

Mientras esto sucede, los bogotanos seguiremos sorprendidos como administraciones pasadas disponen de los dineros públicos al servicio de intereses particulares y lesionando las finanzas del distrito.

Foto: El Muro del Barrio: Parqueadero Cl 97

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

COCONITO: ¿OTRO NEGOCIADO DEL IDU?

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, compró a una empresa privada el Motel Coconito en $3.086 millones, hace casi 12 años, para desarrollar la megaobra de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que aun no se construye.

Hasta hoy el IDU está inmerso en un embrollo jurídico por recuperar el inmueble que arrendó a los antiguos propietarios y que desde hace 8 años el arrendatario lleva sin pagar el canon de arrendamiento.

¿Cuál es la historia?

Con el objetivo de construir la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), con la que se busca desarrollar un tramo vehicular entre el Aeropuerto de Guaymaral y la Avenida El Dorado, era necesario comprar el motel Coconito, ubicado en la transversal 93 N° 51-21, en el sector de Álamos, con un área de 6.400 metros cuadrados.

En junio de 1999, a través de la Promesa de Compraventa N° 034 se protocolizó la compra del inmueble, actuando el Director Técnico de Construcciones del IDU, Óscar Hernando Solórzano Piedrahita (en la Administración de Enrique Peñalosa), y la sociedad Berdimar Ltda., propietaria del inmueble. El precio del contrato, se pactó en $3.086 millones. Pero, en una de las cláusulas quedó establecido que la sociedad Berdimar Ltda., seguiría con la posesión del bien en calidad de arrendatario, hasta que comenzara la construcción de la proyectada avenida.

Por la misma época las partes, es decir, el IDU y la sociedad Berdimar Ltda., firmaron un contrato de arrendamiento, cuyo canon fue fijado en $15’433.230 de pesos, cancelables durante los diez primeros días de cada mes. Es decir, el IDU debía derivar utilidades del motel Coconito, mientras que la sociedad Berdimar Ltda., se lucra del inmueble dedicado exclusivamente al negocio del amor furtivo en sus 50 habitaciones, a un precio promedio de $82.000, por la permanencia de ocho horas, sin contar con los ingresos por licor y alimentación. Lo que le representa ingresos a la sociedad Bardimar Ltda, entre $80 y $125 millones de pesos mensuales.

El contrato ha sido prorrogado en 4 oportunidades y la última extensión del arriendo se venció en abril de 2001. No obstante, por diversas razones hubo una última prórroga y se fijó para el 30 de julio de 2001 la fecha definitiva en que se debía restituir el inmueble al IDU. Pero no se hizo y la defensa la sociedad Berdimar Ltda., argumentó que, según la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, la entrega del motel Coconito únicamente debía realizarse en el momento en que fuera inminente la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente.

Como también estaba consignado en el contrato de arrendamiento, para dirimir la controversia patrimonial el 8 de mayo de 2003 fue convocado un tribunal de arbitramento integrado por los abogados Humberto de la Calle Lombana, Gaspar Caballero Sierra y Juan Pablo Gómez Pradilla. Sin embargo, si bien el IDU consignó el dinero que le correspondía pagar por esta instancia legal, la firma Berdimar no lo hizo. El tribunal de arbitramento no pudo actuar y después de un largo contrapunteo el IDU decidió llevar el pleito a un juzgado administrativo de Bogotá.

En noviembre de 2009, el juez 37 administrativo Omar Borja falló en favor del IDU y ordenó a la sociedad Berdimar Ltda. (Hoy de propiedad de la Ladrillera Los Tejares y los hermanos Luis Alfonso, Diana Marcela y Érik Puentes Maitz Yustis) restituir el motel en un término de diez días. En la decisión pesó la demostración de que el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente ya estaba incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial desde 2004 y hoy sigue siendo una de las principales obras a ejecutar en el corto plazo dentro del denominado Subsistema de Integración Ciudad Región.

Pero, la sociedad Berdimar Ltda., apeló la decisión y fue necesario esperar ocho meses más, hasta que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión. Los arrendatarios volvieron a insistir en que aún no era inminente la construcción de la avenida y que por eso no estaba disuelto el contrato. El tribunal observó que de todos modos, de conformidad con el Código de Comercio, la sociedad Berdimar Ltda., no había cumplido con sus obligaciones como arrendatarios. Sólo quedaba esperar la diligencia de la entrega.

Desde entonces han transcurrido varios meses y el IDU no ha podido hacer uso pleno de su propiedad. En la diligencia del 11 de enero, volvió a aparecer Hernando Rubiano Suárez, quien manifestó que estaba al frente del negocio porque su dueño, Luis Enrique Puentes, había muerto hacía dos años. Cuando el inspector de Policía le preguntó cuál era su relación laboral con la sociedad Berdimar Ltda. y Rubiano Suárez se limitó a decir que nunca ha tenido un contrato, pero que siempre existió entre él y Puentes una verdadera amistad y colaboración hasta el último día.

El pasado 28 de febrero, se suspendió la diligencia de desalojo, según lo consignó el Inspector 9º. de Policía de Fontibón, Antonio López Buriticá, en el acta correspondiente de la entrega real y material del inmueble por parte de la sociedad Berdimar Ltda.

¿Y ahora quién responde?

Como aun no se ha logrado la restitución efectiva del bien en favor del IDU, y después de 12 años sin solución definitiva, será que algún organismo de control investigará quiénes fueron los responsables del pésimo negocio, y que a estas alturas del proceso en una clara violación al código civil, se configura claramente un negociado.

"El IDU entregó el inmueble de manera irregular al tratarse de un bien de uso público, por lo tanto no era legal arrendarlo y prorrogarlo tal como se presentó. Los inmuebles adquiridos por el IDU para la ejecución de obras no son objeto de negociación contractual”, según un concepto del Consejo de Estado.

Cuando el IDU recupere efectivamente el inmueble, debe continuar otro largo proceso de recuperación de los arrendamientos adeudados, y aún no se ha instaurado alguna acción legal para recuperar el dinero, cuya suma asciende a unos $2.232 millones que el Distrito capital ha dejado de percibir por arriendos no cancelados desde 1999.

Mientras tanto los bogotanos seguiremos expectantes ante la ineficacia de los organismos de control al permitir la realización de contratos leoninos que solo beneficiaron el interés particular y feriando el patrimonio público.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

BOGOTANOS CONSUMEN HORTALIZAS REGADAS CON AGUA DEL RIO BOGOTA, DICE UNIVERSIDAD NACIONAL

Hortalizas, regadas con el agua del Río Bogotá, albergan en sus tejidos residuos de metales pesados, como cadmio y arsénico, que superan los límites permitidos. La acumulación de estos elementos en el organismo podría generar enfermedades del sistema nervioso, problemas respiratorios y cáncer.


El hallazgo lo hicieron investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, mediante un estudio en la Sabana de Bogotá, apoyado por Colciencias. “Los resultados mostraron cantidades excesivas de arsénico, plomo, mercurio y cadmio en el apio, la lechuga, el repollo y el brócoli. La razón de la presencia de estos metales no es más que el riego de los cultivos con agua del Río Bogotá”, dice el informe.

Por ejemplo, en apio cultivado en el municipio de Mosquera, se encontró 0,95 partes por millón (ppm) de cadmio (Cd) y 0,29 de arsénico (Ar), superando los límites máximos permitidos por el INCONTEC, que son de 0,01 y 0,1 ppm. También, en el caso del Cd, se desbordó el parámetro de la Unión Europea, que es de 0,20 ppm.

Estas cifras podrían parecer insignificantes, si se desconoce que el cadmio es un elemento tóxico, que tiende a acumularse en hígado, riñón y pulmones. Como corroboró Óscar Eduardo Osorno, director del Departamento de Química de la UN, “puede producir arterioesclerosis, hipertensión arterial y está asociado con cáncer testicular y de próstata”

Por su parte, el arsénico se manifiesta en la salud humana con la disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones. Se considera inductor del cáncer de piel.

De acuerdo con Osorno, “los niveles de cadmio encontrados son bastante preocupantes. Además de los problemas de salud mencionados, indicó, podría causar el llamado síndrome de Fanconi, que se caracteriza por trastornos de los túbulos renales”.

Plomo y mercurio

En el municipio de Soacha, la lechuga presentó en su tejido foliar una concentración de plomo (Pb), de 0,74 ppm y en Mosquera, de 0,45 ppm, cifras que son muy superiores a la normatividad de la Unión Europea para el año 2007, cuya permisividad es de 0,1 ppm en hortalizas frescas.

“El Pb puede causar daño en los riñones, en el tracto gastrointestinal, en el sistema reproductor y en las neuronas”, afirmó el profesor Osorno. El organismo puede tardar hasta 20 años en eliminar esta sustancia.

El contenido de arsénico, en Soacha, también superó los 0,20 ppm permitidos por la norma de la Unión Europea, con 0,51 ppm. Un caso similar ocurrió con el mercurio (Hg), que con 0,59 superó los estándares establecidos.

El problema con el mercurio, sostuvo el profesor Osorno, “es que el cuerpo nunca lo elimina. Eso hace que se vaya acumulando y empiece a causar efectos en la salud: afecciones en el cerebro, en el sistema nervioso y reacciones alérgicas”.

“Una vez estos metales son absorbidos por la hortaliza, es imposible retirarlos”. Como lo afirmó el profesor Diego Miranda, autor de la investigación.

Un problema de salud pública

La Secretaría de Salud de Bogotá, según el médico salubrista, Luis Jorge Hernández, docente de la UN, y la ingeniera química Gloria Guevara, hacen seguimiento a este problema. Los monitoreos han permitido detectar presencia de metales pesados en las hortalizas que se comercializan en la localidad de Bosa con valores que exceden la normatividad establecida.

Esto, agregaron, amerita la toma de medidas sanitarias como decomisos, una intensa labor de sensibilización, educación y seguimiento a las diferentes personas que intervienen en la cadena de seguridad alimentaria en las 20 localidades de Bogotá.

Añadió que es un problema nacional, por lo que se debe trabajar con el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, para hacer trabajos específicos sobre el tema.

De acuerdo con Cristóbal Oliveros, ingeniero civil, del área de Distritos de Riego de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) “la calidad del agua de la cuenca del Río Bogotá, que abarca municipios como Soacha, no cumple con los parámetros para ningún tipo de actividad humana”. Sin embargo, se sigue utilizando en los cultivos.

Por su parte, Élver Muñoz, productor usuario del Distrito La Ramada, que se surte de la cuenca media del Río Bogotá, la más contaminada, sostuvo que, teniendo en cuenta la situación que revela el estudio de la UN, las autoridades deberían ofrecerles alternativas para sus cultivos, pues serían necesarias tecnologías demasiado costosas para ser asumidas por cada uno de ellos. “Aquí la mayoría de productores son arrendatarios, ni siquiera son propietarios de las tierras”, señaló.

El profesor Miranda fue enfático en señalar que el agricultor no tiene la culpa, porque el Río Bogotá es la única opción de riego con que cuenta. “Hace falta la mano del Estado, en el sentido de adelantar proyectos que busquen la descontaminación, por lo menos, de las aguas que son utilizadas para riego”, dijo.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com

Tomado de "Agencia de Noticias de la UN"

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo de 2011 se celebra en muchas partes del mundo como el 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer.

El tema oficial del Día Internacional de la Mujer 2011 es «La igualdad de acceso a la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología: Camino hacia el trabajo decente para la mujer».

Historia del Día de la mujer

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y fraternidad" marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

¡¡¡A todas las mujeres les deseamos un feliz día, un abrazo de oso para todas!!!

Carlos Augusto Cubillos Romero
cubillos52@gmail.com

COSTO DE REPARACION DE LAS LOSAS DAÑADAS EN TRANSMILENIO

El Sistema Transmilenio acaba de conmemorar 10 años de servicio y con una mala noticia: el arreglo y mantenimiento de las losas de las troncales de la Autopista Norte y la Avenida Caracas, según Néstor Eugenio Ramírez, director del IDU: "desde el 2003 hasta hoy, le ha costado a la ciudad 51.319 millones de pesos".

El arreglo y mantenimiento de las losas hasta la fecha, en cifras están así:

De las 24.753 losas de la Autopista Norte se ha reparado 3.282 losas (13.3%) con un costo de 24.999 millones de pesos.

De las 16.997 losas de la Avenida Caracas se ha reparado 3.518 losas (20,7%) con un costo de 27.019 millones de pesos.

De las 41.750 losas de las 2 troncales se ha reparado 6.800 losas (16,3%) con costo de 51.319 millones de pesos.

La cifra nada despreciable: alcanzaría para financiar un poco más de la mitad de la troncal de la carrera 7a. (su costo está calculado en 84 mil millones de pesos); o para reparar 103 kilómetros en rehabilitación total de vías en mal estado, (con intervención de base y sub base a un costo aproximado de $500 millones/km); o para reparar 342 kilómetros de vías en regular estado (a un costo aproximado de $150 millones/km); o para pagar durante un año la educación gratuita de 30 mil estudiantes de los colegios públicos (se invierte 1'681.000 pesos en cada uno).

Actualmente el IDU realiza obras de reemplazo de lozas en la Avenida Caracas entre las calles 53 y 72 y en la Autopista Norte entre las calles 134 y 160.

El daño no es solo económico, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, esa platica ha salido del bolsillo de los contribuyentes, porque los procesos por las fallas en la construcción siguen pendientes en los estrados judiciales.

Las repercusiones de las obras, han sido particularmente dramáticas para la movilidad. Las dos troncales con cierres permanentes (actualmente hay no menos de ocho frentes de reparación), impactan la vida cotidiana de unos 700 mil usuarios de Transmilenio en esas troncales, que deben soportar, con impotencia, los cierres de las estaciones y los desvíos que hace el sistema para esquivar las losas dañadas o en reparación.

Un impacto grande lo han tenido que enfrentar los conductores de taxis y carros particulares, porque los carriles de tráfico mixto se usan para permitir el tránsito de los buses rojos, mientras se hacen las reparaciones.

En la Autopista Norte, circulan en hora pico en promedio, 5.900 vehículos hacia el sur, y 4.485 hacia el norte, mientras en la Avenida Caracas, se movilizan 1.388 hacia el sur y 666 hacia el norte.

Una de cada seis losas instaladas en las dos troncales ha tenido que ser reemplazada por deterioro o fractura antes de cumplir su vida útil, calculada en 20 años. De las 41.750 losas que conforman las dos vías, 6.800 (16,3%) han sido reemplazadas. Y los trabajos no paran ni van a parar en los próximos 10 años.

El IDU asegura que las losas arregladas no se han vuelto a fracturar. Cuando hay un daño, se retira la base de relleno fluido, se vuelve a reconstruir y finalmente se instalan las nuevas losas.

Pero tiene firmados contratos hasta el 2012, porque en cualquier momento se fractura una de las 34.950 que no han sido reparadas. "Nos toca seguir haciendo reparaciones cada vez que se dañe una losa", reconoció un funcionario del área de Infraestructura.

El pasado lunes 14 de febrero, el alcalde Samuel Moreno se refirió a los recursos que se han invertido en el arreglo y mantenimiento de las losas de Transmilenio y se mostró preocupado por la situación y dijo que “El deterioro de las losas de la Fase I es un tema de nunca acabar, son miles de millones de pesos invertidos en la reparación de las mismas. Una solución sería recurrir a la aplicación de pólizas, para que en caso de deterioro, el dinero que se utilice para arreglarlas, sea de las aseguradoras y no de la ciudad”.

En el 2005, estudios en los que participaron universidades como Andes, Javeriana y Nacional y el experto Bernardo Caicedo, profesor de la Universidad de los Andes, experto en problemas de geotecnia y pavimento, explica el problema que presenta la vía: “Los daños en las losas de Transmilenio están relacionados con el relleno fluido que se utilizó como capa base de las losas de concreto. El problema es la baja resistencia del relleno fluido (30 mil k/cm²) que hizo que el material fuera muy erosionable. Cuando se acumula agua bajo las losas y pasan los vehículos, el flujo del agua erosiona el material creando cavidades bajo las losas que las debilitan hasta que se rompen”.

En síntesis, dado el peso de los buses (unas 80 toneladas por bus), sin contar los pasajeros y las más de 100 rutas que hacen los articulados diariamente por la troncal, la resistencia del relleno es mínima, el agua se acumula y las losas se rompen con más facilidad.

Entonces, ¿por qué se utilizó este material? Caicedo menciona que “se trataba de un nuevo material con el que no se tenía mucha experiencia en Colombia pero que sí se promocionó como un compuesto que tenía muy buenas características ante el agua y un buen funcionamiento”. No obstante, el tiempo demostró que el relleno fluido no era apto para las condiciones físicas de la Caracas.

¿Y quién responde?

En el 1998 el IDU firmó un contrato con la empresa de cementos mexicana CEMEX y 16 inversionistas más entre los cuales están Grupo Argos (a través de MetroConcreto), Holcim y Asocreto, para la construcción de la malla vial para Transmilenio.

Desde que iniciaron las reparaciones en la troncal de la Caracas en el 2003, el IDU ha estado buscando un culpable que responda por los daños. En un primer momento, el IDU acudió al recurso legal para hacer efectivas las pólizas de mantenimiento que se estipulaban en el contrato con las sociedades constructoras Castro Tcherassi y Equipo Universal S.A. Mediante una tutela e invocando supuestas fallas en el debido proceso y considerando a los problemas del relleno fluido como los culpables, las constructoras negaron su culpabilidad.

Posteriormente, el IDU, quien venía cubriendo los gastos de las reparaciones, demandó a la empresa mexicana CEMEX alegando que los daños en la Avenida se debían al relleno fluido, material suministrado por la cementera para la construcción. Por su parte, CEMEX argumentó que las losas no fueron diseñadas correctamente pues el grosor no concuerda con lo que se necesita al usar un material como el relleno fluido y que ellos suministraron el material que les fue solicitado.

En enero de 2008, la juez 33 del Circuito Penal embargó una de las plantas de CEMEX como medida preventiva. En junio, la Contraloría General de la República emitió un fallo donde culpabilizaba al ex director del IDU, Andrés Camargo de la administración del ex alcalde de Enrique Peñalosa y los funcionarios Carlos Alberto Torres Escallón (subdirector del IDU), Óscar Hernando Solórzano (director técnico de construcciones), María Elvira Bolaño Vega (gerente del proyecto), Antonio José Jaramillo (coordinador general del proyecto) y Jorge Alberto Ordóñez (coordinador del proyecto), por mal manejo de contratos.

Asimismo, fueron afectados los interventores del contrato (Integral S.A., Silva Fajardo y Cía Ltda. y Silva Carreño y Asociados S.A.) y a tres firmas aseguradoras (Suramericana, Seguros del Estado y La Previsora S.A.).

Si se falla finalmente a favor del IDU todos los involucrados deberán pagar el costo de los daños desde que empezaron y los que están por venir. Pero si el fallo sale en contra, el Distrito deberá seguir pagando, con la plática de los bogotanos, los gastos de la reparaciones futuras.

Carlos Augusto Cubillos Romero

cubillos52@gmail.com