Según revelaciones del contratista
Emilio Tapia Aldana, hechas a la Fiscalía, identifica con nombre propio a los
concejales que, según él, manipulaban la contratación en Bogotá. Su tarea era la de
coordinar a los contratistas y recaudar el dinero de las comisiones para los
Moreno.
Emilio Tapia Aldana, le dijo a la Fiscalía,
que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado era uno de
los principales focos de corrupción en el Distrito. Detrás de esos contratos
ubicó al concejal liberal Jorge Durán Silva. Tapia señaló al contratista Andrés
Cardona como el hombre que cobraba el 8% a los contratistas del Acueducto.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), que
según el contratista maneja el concejal de la U, Orlando Parada a través del
contratista Manuel Sánchez. Entre otras cosas relató como el Fondo destinó una
millonaria partida para la compra de unas cámaras de seguridad que nunca se
pudieron poner a funcionar porque no eran compatibles con el C.A.D.
Emilio Tapia en ese gráfico también explicó la manera como el concejal de la U,
Andrés Camacho Casado manejaba los Fondos de Desarrollo Locales, a
través de fundaciones que él se habría inventado.
La Secretaria Distrital de Salud, según habló Emilio Tapia, era manejada por el entonces concejal Hipólito Moreno, con el Secretario Héctor Zambrano y el contratista Julio Gómez, condenado a 5 años de prisión. En este caso Tapia no sólo habló del contrato de las ambulancias sino que hizo referencia al manejo de las nóminas y de las obras en hospitales como el Simón Bolívar, Tunal, Meissen y San Blas.
Y sigue la lista de concejales
señalados por Emilio Tapia en esta cadena de corrupción. Según el contratista,
el concejal Wilson Duarte del Polo Democrático manejaba los contratos de los
locales en la Terminal de Transporte.
Edgar Torrado, del partido de la U, hermano del senador Efraín Torrado, manejaba los contratos de alimentos en los comedores comunitarios.
Otro de los implicados es el ex concejal
del Polo, Fernando Rojas. Según Emilio Tapia utilizaba la Caja de Vivienda
Popular para hacer y recibir favores políticos.
Finalmente en ese organigrama
conceptual el contratista ubicó al abogado Álvaro Dávila como la cabeza detrás
de la UAESP y a él mismo como la persona que manejaba los contratos en la Empresa
de Renovación Urbana (ERU).
De esta forma Emilio Tapias Aldana le
aclaró a la Fiscalía el intrincado organigrama del carrusel de la corrupción,
que se dedico en la administración de Samuel Moreno, a robar los dineros de la
ciudad.
Es necesario que la Fiscalía acelere esta
investigación contra los 17 concejales llamados a interrogatorio, el 19 de Oct.
de 2011, y que se sepa la verdad. No es justo que en el actual Concejo de
Bogotá haya concejales involucrados en el mayor escándalo de corrupción.
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